Hay dos noticias sobre derechos LGBT que han sucedido estos últimos días y que me han llamado la atención, por comparación entre ambas. La primera es que Groenlandia por fin ha hecho efectiva la ley que permite a sus ciudadanos casarse con sus parejas del mismo sexo. Esta ley se votó en el parlamento el año pasado, y salió aprobada por unanimidad.
La segunda también es europea. Se trata de los esfuerzos del primer ministro esloveno por tratar de igualar los derechos de los ciudadanos LGBT de su país, creando una ley que amplíe la existente de uniones civiles, pero sin equipararlos completamente a los matrimonios entre hombre y mujer. En este último caso resulta interesante destacar que Eslovenia realizó en diciembre un referendum en el que preguntó a sus ciudadanos sobre la posibilidad de legislar el matrimonio igualitario, saliendo el no victorioso.
Y es aquí cuando viene mi pregunta. ¿Es el matrimonio igualitario algo que se deba decidir por referendum, o debería ser algo que los gobiernos, del color que sean, deberían aprobar en base un principio básico de las democracias, que es la igualdad?
Nos alegramos enormemente cuando Irlanda aprobó su nueva ley de matrimonios, pero las previsiones de los días anteriores nos hicieron temer lo peor. El número de indecisos era grande, tan grande como para decantar la balanza del lado del no. Afortunadamente, las cosas fueron bien, pero podríamos estar hablando de otra situación.
En Irlanda fue fundamental el trabajo de los voluntarios que, puerta a puerta, explicaron a miles de ciudadanos la importancia que tenía la ley de matrimonio. No es sólo un capricho, es una equiparación total de derechos con cualquier otro habitante del país que esté casado. El matrimonio no deja de ser un contrato entre dos personas, y a efectos legales es muy diferente estar casado con alguien que no estarlo en asuntos tan corrientes como sucesiones, o a efectos tributarios. Hemos consultado su opinión jurídica a una abogada, que nos ha contestado lo siguiente:
“Desde un punto de vista jurídico, resulta injusto que una cuestión como esta penda del parecer de los ciudadanos, porque se está dejando a sus convicciones y opiniones personales la efectividad del principio de igualdad. Este principio, entre sus manifestaciones, incluye la igualdad en la ley, en virtud del cual toda persona tiene derecho ha de ser tratada de igual manera por la norma jurídica sin que quepa discriminación alguna, especialmente, por razones de tipo personal. Y, por lo tanto, si el resultado de un referéndum es contrario a la aprobación del matrimonio igualitario, se estaría permitiendo que una situación injusta se perpetuara y una parte de la población tuviera acceso a un catálogo de derechos inferiores que el que les correspondería de ser heterosexuales”.
Los casos de Irlanda y Eslovenia, afortunadamente, son minoría. Pero es muy, muy significativo que los ejecutivos de turno decidan lavarse la mano en este tipo de cuestiones y dejarlas al azar y los prejuicios de los ciudadanos. Los gobiernos están, entre otras cosas, para gobernar mayorías y minorías. Porque todos somos iguales.
