Los derechos humanos no deberían votarse en un referéndum, porque son innatos a las personas. En los últimos tiempos hemos vivido situaciones que hemos aceptado con una naturalidad bochornosa, y me refiero a gobiernos de países que han utilizado esta herramienta democrática para escabullirse de sus obligaciones y dejar que personas ciudadanas de estos estados tengan más o menos derechos en manos de los votantes, unos votantes que en muchos casos no están preparados o informados, y en otros tantos se mueven por motivos muy parecidos al odio.
El referéndum que se celebró en Irlanda para legalizar el matrimonio igualitario salió bien.En Eslovenia salió mal, y en este país miembro de la Unión Europea hay personas con menos derechos. Ayer se celebró un referéndum en Rumania que pretendía cambiar la Constitución para definir el matrimonio solamente como una unión «entre hombre y mujer», y no «entre cónyuges» como hasta ahora. Y fracasó no porque ganara el sí, sino porque no acudió el 30% mínimo de los votantes, cifra requerida para su validez.
El referéndum fue impulsado por la conservadora Coalición por la Familia, y el voto en contra ha sido fuertemente apoyado por la Iglesia Ortodoxa, que tiene una gran influencia en el país. El Gobierno, socialdemócrata, no hizo campaña por ninguna de las opciones, pero sí que hizo una maniobra que resulta peculiar por lo inusual: los votantes tuvieron dos jornadas para acudir a votar. Pese a todo, solamente el 20,4% del censo acudió a las urnas.
Vlad Viski, director ejecutivo de la organización LGTBI MozaiQ, ha denunciado la fuerte campaña a favor del No, que ha definido “llena de odio”.
Ha habido un lenguaje agresivo, violento, en el que se ha llegado a decir que si gana el no se abriría la puerta a matrimonios con animales o a la poligamia
Nada nuevo bajo el Sol. Por poner un ejemplo, en España, donde hace 18 años que los matrimonios igualitarios son posibles, todavía tenemos que leer declaraciones de destacados miembros de la iglesia donde comparan estas uniones, que son libres y entre adultos, con otras que sólo ocurren en sus cabezas «entre un hombre y un perro o un bebé y un anciano».
La oposición rumana denuncia las prácticas del gobierno que, por ejemplo, ha rebajado el porcentaje mínimo de participación en sus referendums del 50% al 30%, para, según ellos, hacer reformas constitucionales que les permitan mantenerse en el poder y socavar la independencia judicial. De momento, el país se encuentra bajo la lupa de Bruselas en materia económica y, precisamente, judicial. De momento, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni ningún tipo de unión civil son legales en Rumania.
Los derechos humanos no deberían votarse en un referéndum, porque son innatos a las personas. En los últimos tiempos hemos vivido situaciones que hemos aceptado con una naturalidad bochornosa, y me refiero a gobiernos de países que han utilizado esta herramienta democrática para escabullirse de sus obligaciones y dejar que personas ciudadanas de estos estados tengan más o menos derechos en manos de los votantes, unos votantes que en muchos casos no están preparados o informados, y en otros tantos se mueven por motivos muy parecidos al odio.
El referéndum fue impulsado por la conservadora Coalición por la Familia, y el voto en contra ha sido fuertemente apoyado por la Iglesia Ortodoxa, que tiene una gran influencia en el país. El Gobierno, socialdemócrata, no hizo campaña por ninguna de las opciones, pero sí que hizo una maniobra que resulta peculiar por lo inusual: los votantes tuvieron dos jornadas para acudir a votar. Pese a todo, solamente el 20,4% del censo acudió a las urnas.
