En enero de 2018, bajo el gobierno del Partido Popular y como sucede cada inicio de año, te contábamos en una nube de indignación y enfado que Hazte Oir, la organización ultra católica que, entre otras cosas, se dedica a hacer sentir mal de manera gratuita a los menores trans, diciéndoles que no existen, o que luchan con uñas y dientes porque la única familia que valga sea la conformada por padre y madre, era considerada de nuevo organización de utilidad pública.
El que una asociación sea o no declarada de utilidad pública es algo más que un reconocimiento nominal, puesto que con ello vienen implícitos beneficios fiscales para la asociación, pero también para aquellas personas que les donen dinero: las personas físicas pueden deducirse en la renta el 25% de la cantidad donada. En lo que respecta a las entidades, hay una rebaja del tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades del 10%, están exentos del Impuesto de actividades económicas, del IBI, de la plusvalía municipal, rebajas en el IVA, y están a su vez exentos del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Pues bien: el nuevo ejecutivo del PSOE, del partido que estando en la oposición pidió activamente que esta consideración se revocara, comprende ahora que Hazte Oir cumple todos los requisitos contables para seguir siendo de utilidad pública. En una noticia que El Diario lanzaba ayer, contaban que el Ministerio del Interior, del que dependen las concesiones y revocaciones de este beneficio, justifica la decisión en «cuestiones técnicas», explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Cinco años después de que Jorge Fernández Díaz, ministro de interior con el gobierno del Partido Popular, persona declaradamente ultracatólica y que cuenta con un ángel de la Guardia llamado Marcelo quien le ayuda a aparcar el coche, concediera esta serie de beneficios a Hazte Oir, grupo al que es cercano, el cambio de ejecutivo no ha sido suficiente para que esta situación, profundamente ofensiva para miles de personas, y preocupantemente dispar en relación a otras organizaciones que sí cumplen una función pública y no se las considera como tal, continúa. ¿Hasta cuando? A ver en enero qué pasa.
Vía: El diario
