Cuando se habla de homosexualidad en el franquismo casi todo el foco se lo llevan los hombres. Las redadas. Los expedientes policiales. Las cárceles de Badajoz o Huelva. Los artículos de prensa moralizante que convertían el deseo en delito. Y entonces aparece la pregunta incómoda, la que casi siempre llega tarde: ¿y las lesbianas? ¿Dónde estaban las mujeres que deseaban a otras mujeres entre 1936 y 1975?
Pues estaban ahí, claro. Viviendo en el mismo régimen, bajo la misma dictadura, pero atravesadas por una forma de represión distinta, menos visible, más estructural. Durante mucho tiempo se repitió que no habían sido perseguidas. Que no había apenas casos. Que el franquismo no se ocupó de ellas. Sin embargo, la historiografía reciente, apoyada en archivos judiciales, expedientes psiquiátricos, prensa de la época y testimonios orales, ha empezado a matizar esa idea. El trabajo de fin de grado de Elizabeth Hernández López sobre las lesbianas durante el régimen franquista es una de esas investigaciones que obligan a revisar el relato cómodo. No es que no hubiera castigo. Es que el castigo adoptó otras formas. Y, sobre todo, el borrado fue más eficaz.
Para entender cómo vivían las lesbianas en el franquismo hay que empezar por el modelo de mujer que impuso el nacionalcatolicismo. Mary Nash lo ha explicado con claridad en su libro Rojas: el régimen construyó un ideal femenino basado en la domesticidad, la maternidad y la obediencia. La Sección Femenina no era un adorno simbólico del sistema, era una auténtica maquinaria pedagógica. Enseñaba a coser, a cocinar, a servir al marido y a asumir que la realización personal pasaba por el sacrificio.
El Código Civil del momento, con sus reformas correspondientes, reforzaba esa estructura. La mujer casada necesitaba autorización marital para trabajar, abrir una cuenta bancaria o firmar contratos. Jurídicamente era casi una menor de edad permanente. Socialmente, existía siempre en relación con otro: madre de, esposa de, hija de. Rara vez como sujeto autónomo.
En ese marco, el lesbianismo no tenía lugar. Una mujer que no deseaba a un hombre no solo se apartaba de la norma, la cuestionaba desde la raíz. No era una conducta privada sin consecuencias públicas. Era un desafío al orden de género, que se presentaba como natural, incuestionable y perfecto. Si el proyecto franquista descansaba sobre la familia heterosexual y la reproducción, una mujer que amaba a otra mujer quedaba fuera del esquema productivo y simbólico de la patria. Literalmente, no encajaba.
Durante los primeros años de la dictadura, desde la victoria de los sublevados en 1939 hasta finales de los 40, no existió una política explícita y sistemática contra las lesbianas comparable a la desplegada contra los hombres homosexuales. Y esa diferencia se ha interpretado muchas veces como ausencia de persecución. Pero los expedientes judiciales cuentan otra cosa. Hubo mujeres procesadas por conductas consideradas homosexuales, aunque en menor número. Sin embargo, la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 incorporó la homosexualidad como supuesto de peligrosidad social. Más tarde, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 mantuvo esa criminalización. Es cierto que la mayoría de los casos documentados afectaron a hombres, pero eso no significa que las mujeres estuvieran a salvo. Significa que la vigilancia operaba también por otras vías.
Y aquí aparece un problema recurrente en la historia de las mujeres: el lenguaje. El aparato jurídico no tenía una categoría clara y estable para nombrar el lesbianismo. En los expedientes aparecen términos como invertidas o referencias ambiguas a contacto carnal. Esa imprecisión no protegía. Al contrario, dejaba margen a la interpretación moral. Cuando el comportamiento femenino se consideraba escandaloso o desviaba del rol esperado, la sanción podía llegar igualmente.
En algunos casos documentados, mujeres fueron detenidas, sometidas a exámenes médicos y evaluaciones psiquiátricas destinadas a probar una supuesta desviación sexual. El control del cuerpo femenino era literal. Se medía, se examinaba, se clasificaba. La ciencia y el derecho se daban la mano para legitimar la corrección.
El caso de María Helena, detenida a finales de los años sesenta en Barcelona, es ilustrativo. Fue procesada por su apariencia, por su forma de vestir y por una conducta considerada impropia de una mujer. La masculinidad leída en su cuerpo se interpretó como indicio de homosexualidad. El expediente incluyó examen físico y valoración psiquiátrica. El castigo no se limitó a una multa: implicó internamiento, restricciones de residencia y vigilancia posterior. No se castigaba solo un acto. Se castigaba una identidad sospechosa.
La represión adoptó con frecuencia formas que escapaban al ámbito penal. La psiquiatrización fue una herramienta central. En la cultura médica de la época, influida por discursos que consideraban tanto la homosexualidad como el comunismo patologías sociales, la desviación del rol femenino podía justificar internamientos en manicomios o tratamientos correctivos. La frontera entre lesbianismo y disconformidad de género era difusa. Rechazar el matrimonio, vestir de forma considerada masculina o mantener una independencia económica inusual bastaba para activar sospechas. Y cuando se activaban, la maquinaria no era solo judicial, era también social.
Uno de los agentes que jugó un papel esencial en ese control fue la familia. En algunos expedientes aparecen denuncias presentadas por parientes, alarmados por relaciones consideradas inmorales. La represión no siempre descendía directamente del Estado hacia el individuo. A menudo se filtraba a través de la moral familiar, del vecindario, del confesionario. El franquismo funcionaba como una red en la que Iglesia, escuela y parentesco reforzaban el mismo modelo normativo. El qué dirán, en muchos casos, resultaba más eficaz que el código penal.
A todo esto se suma otra forma de violencia menos palpable: la invisibilidad. El régimen partía de una concepción de la sexualidad femenina como pasiva y subordinada al varón. La idea de que dos mujeres pudieran mantener una relación erótica autónoma era, para muchos discursos oficiales, casi impensable. Esa negación actuaba como mecanismo de borrado. Si no se nombra, no existe. Y si no existe, no necesita regulación específica. El problema es que tampoco ofrece referentes, ni espejos donde reconocerse.
Esa invisibilidad tuvo consecuencias historiográficas. Durante décadas, los estudios sobre homosexualidad en el franquismo se centraron en la experiencia masculina. Investigadores como Alberto Mira han señalado cómo el relato público del activismo gay en la Transición dejó en segundo plano las experiencias lesbianas. Incluso dentro de los primeros colectivos surgidos en los años setenta, como el Frente de Liberación Homosexual de Cataluña, las mujeres denunciaron la centralidad masculina y la necesidad de espacios propios. Gracia Trujillo ha analizado cómo el lesbianismo articuló su discurso en diálogo con el feminismo, cuestionando tanto la heteronormatividad del régimen como el androcentrismo del propio movimiento homosexual.
¿Cómo se vivía entonces siendo lesbiana en el franquismo? No hay una única respuesta. Como ocurre con el feminismo o con cualquier experiencia histórica compleja, todo depende del contexto. La clase social, el entorno rural o urbano, la autonomía económica, el acceso a redes de apoyo. En ciudades como Madrid o Barcelona existieron espacios de sociabilidad más o menos clandestinos donde las mujeres podían encontrarse. No eran lugares plenamente seguros, pero ofrecían al menos reconocimiento. En entornos rurales, el margen era más estrecho y la presión comunitaria más intensa.
Muchas recurrieron al disimulo. Amistades intensas que podían interpretarse como afecto femenino aceptable. Convivencias justificadas por necesidad económica. Solterías explicadas por vocación religiosa o por cuidado de familiares. Algunas contrajeron matrimonios heterosexuales para evitar sospechas y proteger su vida privada, a veces funcionando como auténticos matrimonios lavanda para ambas partes. Hablar de lesbianas y franquismo obliga a revisar la idea de que la represión solo existe cuando hay cifras masivas de encarcelamiento. En el caso femenino, el control fue más capilar. Operó a través del derecho, de la medicina, de la moral católica y de la familia. La menor presencia en estadísticas penitenciarias no equivale a ausencia de violencia, sino a una modalidad distinta de disciplinamiento.
Hoy, gracias a estudios académicos, entrevistas y testimonios que empiezan a salir a la luz, podemos reconstruir parte de esa historia. No está completa. Persisten lagunas y silencios. Pero la imagen de unas lesbianas inexistentes durante la dictadura ya no se sostiene. Existieron, desearon, amaron y negociaron su supervivencia dentro de un régimen que intentó reducirlas a anomalía sin nombre. Y comprender eso es imprescindible para entender qué significó realmente vivir siendo lesbiana en el franquismo.
