Italia, el país europeo bañado por las aguas del mar Mediterráneo, no solo es conocido por su magnífica pasta o por sus míticos monumentos como el Coliseo. El país transalpino lleva meses en el punto de mira de los medios de comunicación de todo el mundo por razones que nada tienen que ver con su famosa gastronomía o arquitectura. Los focos se han puesto en la República Italiana por la ley sobre las uniones civiles que se está tramitando en el Senado, y que está dividiendo a la sociedad ítala entre aquellos detractores que se oponen a legislar sobre los derechos de las personas homosexuales, y aquellos que defienden que se apruebe una ley que llega demasiado tarde.
Una ley a destiempo
Una ley que llega tarde porque Italia, después de la aprobación de la unión civil en Grecia en diciembre de 2015, se ha convertido en el único país de Occidente que aún no ha legislado sobre la equiparación de los derechos de las parejas homosexuales. Y una ley que llega tarde porque, 27 años después de que el primer país del mundo aprobase la unión civil –Dinamarca en 1989–, los países occidentales, en su mayoría, han subido un escalafón en materia de igualdad y legislan no sobre uniones civiles, sino sobre el matrimonio igualitario.
“Las personas gais y lesbianas luchan por sus derechos en Italia por lo menos desde hace 30 años”, explica Francesco Angeli, un joven de 27 años que ocupa un cargo de asesor en Arcigay, la asociación LGBTI más importante y longeva de Italia. “Mientras el mundo aprueba el matrimonio igualitario, aquí empezamos con las uniones civiles” se lamenta. La lucha por los derechos LGBTI en Italia se remonta desde hace décadas, pero la batalla legal por conseguir la igualdad para todas las parejas italianas con independencia de su orientación sexual comenzó en 2008.
En julio de 2008, el señor Olari y el señor A., pareja desde hacía años, declararon su intención de contraer matrimonio en la Oficina de Estatus Civil del municipio de Trento. El día 25 del mismo mes desestimaron su requerimiento, y ahí comenzó la lucha legal: Olari y A. llevaron su caso al Tribunal de Trento, alegando que la ley italiana no prohíbe explícitamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El Tribunal fue dolorosamente rotundo: rechazó la petición de la pareja porque “uno de los requisitos del Código Civil para contraer matrimonio es que los cónyuges sean del sexo opuesto”. El pleito pasó del Tribunal a la Corte Suprema, sin ningún éxito. La Corte dictaminó que el derecho a casarse, tal y como está garantizado en la Constitución italiana, no se extendía a uniones homosexuales y se refería al matrimonio en su sentido tradicional.
Olari y A. abrieron la veda para que otras dos parejas, Cippo y Zaccheo en 2009, y Felicetti y Zappa en 2011, siguieran su ejemplo y reclamasen su derecho a contraer matrimonio. Pero viendo los antecedentes de Olari y A., no continuaron con la batalla legal una vez les dieron el primer veto a sus respectivas peticiones. Sin embargo, en 2011, las tres parejas llevaron sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que el vacío legal italiano en cuanto a la legislación de los derechos de las parejas del mismo sexo viola el artículo 8 (el derecho a respetar la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El 21 de julio de 2015, el Tribunal de Estrasburgo hacía pública una resolución tajante: Italia debía legislar sobre los derechos de las personas homosexuales.
A finales de junio de 2015, casi un mes antes de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Italia se ponía manos a la obra. La comisión de Justicia del Senado comenzó a discutir el proyecto de ley de la unión civil, impulsado por la senadora del Partido Demócrata Monica Cirinnà. Durante la comisión, el bautizado “proyecto de ley Cirinnà”, recibió más de 4.000 enmiendas, dejando patente desde el principio el largo y controvertido camino que tendrían que seguir los políticos italianos para la aprobación de la unión civil. Una ley que, en palabras de su madrina, sería “el inicio de una vida como ciudadanos para parejas y familias obligados hasta ahora a vivir como fantasmas en su propio país”. Una ley que tanto Monica Cirinnà como el primer ministro italiano, Matteo Renzi, esperaban que se tramitase en las dos cámaras parlamentas del país y fuese eventualmente aprobada a finales de 2015. Una ley que, por las polémicas entre los partidos políticos de la oposición y del propio gobierno, tuvo que esperar hasta el 2 de febrero de 2016 para empezar a ser discutida en el Senado.
Assumiamoci una responsabilità totale e collettiva su #unionicivili #opensenato @senatoripd @pdnetwork #st
— Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) February 2, 2016
La adopción: el punto más controvertido que divide a los italianos
Que el paso de la ley de unión civil por las cámaras de Italia no iba a ser un camino fácil parecía un secreto contado a gritos. Intentos anteriores, como en el año 2007 con un proyecto de ley mucho menos ambicioso que el actual para legislar sobre la materia, no habían conseguido frutos y habían desembocado en el vacío legal que ya existía. Pero durante 2015, en el proceso de discusión del proyecto de ley, algo había cambiado: la resolución del TEDH sacaba los colores a Italia delante de sus colegas europeos, avanzados en la equiparación de los derechos de las personas del mismo sexo. La presión para que las uniones civiles salgan adelante y que Italia se iguale a los países de la Unión Europea es palpable. “La unioni civili es el primer paso en la dirección de la igualdad”, dice Francesco Angeli. Un primer paso que se ha encontrado con un punto incandescente: el derecho a la adopción.
La ley Cirinnà que se está discutiendo en el Senado de Italia no contempla la adopción conjunta para las parejas de gais y lesbianas, pero sí plantea la adopción del hijo natural del cónyuge dentro del seno de la “específica formación social” (arcaica y nada inclusiva fórmula para referirse a las familias homoparentales en el texto). Una medida que se ha convertido en el centro neurálgico de la polémica. No solo los partidos de la oposición o los representantes de la Iglesia católica se oponen a este punto de la ley. Dentro del propio Gobierno italiano, las voces díscolas argumentan que la adopción del hijo natural de la pareja fomentaría la gestación subrogada, práctica ilegal en la República. Angelino Alfano, ministro del Interior, así lo ponía de manifiesto
La adopción por parte de parejas homosexuales pone a Italia en riesgo porque ayudaría a fomentar el útero de alquiler, un método comercial repugnante
A pesar de tratarse de una medida ilegal, la gestación subrogada se ha convertido durante años en la práctica más viable para las parejas de gais para construir una familia que, en cualquier caso, no goza de amparo jurídico. En el documental Right 2 Love, producido en 2013 por la Associació de famílies Lesbianes i Gais en colaboración con la Generalitat de Catalunya, Tommaso y Franco explican su caso. En 1999 la pareja empezó a barajar la posibilidad de tener hijos, y aunque la madre de Franco reconoce que les habría encantado poder adoptar a un niño, “la opción era inviable. Así que tuvieron que escoger a la fuerza la gestación subrogada”. En 2006 nació la primera hija de la pareja, Lia, y en 2008 Andrea, ambos fruto de un vientre de alquiler.
El vacío legal que ampare el derecho a formar una familia puede desembocar en estas prácticas moralmente cuestionables. Aunque la gestación subrogada no es el único “pero” que se encuentra en la adopción por parte de parejas homosexuales del texto de Cirinnà. La otra gran polémica se centra en el concepto de familia en sí. Los defensores de la ley de unión civil y los firmes detractores se midieron las fuerzas a finales de enero 2016 en sendas manifestaciones, dejando patente la división de los italianos en materia de igualdad de derechos. El 23 de enero, bajo el eslogan “Despierta Italia”, las manifestaciones a favor de la unión de las personas homosexuales que se celebraron en 80 ciudades de Italia unieron a un millón de personas, según el secretario general de Arcigay, Gabrielle Piazzoni.
El fin de semana siguiente, el 30 de enero, el sector más conservador de la sociedad italiana organizaba una contra manifestación en favor de la familia tradicional con el presuntuoso nombre de “Family Day”. La batalla ideológica entre las dos facciones sociales en Italia también se tradujo en una guerra de números: los organizadores del “Family Day” declararon que habían superado “con creces” la cifra de participación de las manifestaciones a favor de la unión civil, movilizando, según sus cálculos, a más de dos millones de italianos. La división de Italia, a pesar del baile de cifras, es evidente. Pero la presión para que la unión civil salga adelante también es palpable, e incluso empresas internacionales, como la filial de Ikea en Italia, han abogado por la aprobación de la ley. Otras empresas nacionales, como Celiachiamo, también se han unido a Ikea con publicidad inclusiva que defiende todos los tipos de familias diversas del siglo xxi.
Siamo aperti a tutte le famiglie. Vi aspettiamo alle 15.00.https://t.co/QjFNOZLQSD #IKEAFAMILYday pic.twitter.com/ZK9fi0XTbG
— IKEA Italia (@IKEAITALIA) January 30, 2016
Francesco Angeli encuentra estas diferencias de opiniones, tanto en la sociedad italiana como en los partidos del Parlamento que obstaculizan la aprobación de la ley de unión civil, en la influencia de la Iglesia católica. “La sociedad italiana tiene un retraso sobre algunos temas éticos por la influencia de la Iglesia católica, como pasa cuando hablamos también de aborto, eutanasia y otros temas sensibles”, explica.
La lucha no acaba con la aprobación de la unión civil
A pesar de que la ley Cirinnà no vaya a equiparar completamente los derechos de las parejas homosexuales a los de las heterosexuales por esa falta en el texto de la adopción conjunta, Angeli manifiesta que “la unión civil es un paso necesario para proteger a las parejas del mismo sexo después de años de no reconocimiento”. Un paso necesario que, en todo caso, no debe quedarse ahí. Si finalmente se aprueban las uniones civiles en Italia, el siguiente objetivo ya está marcado: la creación de una ley que garantice el matrimonio igualitario. J., un joven italiano afincado en Madrid que ha preferido mantenerse en el anonimato, coincide con que la lucha por los derechos del colectivo LGBT no ha acabo. En una conversación mantenida a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, J. explicaba su punto de vista:
El mayor riesgo que corren ahora las parejas de gais y lesbianas de Italia es que la ley Cirinnà se apruebe no como la antesala del matrimonio igualitario, sino como una conquista en sí misma y que no se legislen otras formas de unión más inclusivas que acaben garantizando los mismos derechos para todos los habitantes del país transalpino. Un caso paradigmático, en este sentido, es el alemán. La República Federal de Alemania aprobó las uniones civiles en 2001 bajo la cancillería del socialdemócrata Gerhard Schröder, pero a pesar de que tres de cada cuatro alemanes se muestran a favor de promover una ley que contemple “el matrimonio para todos”, la evolución de los derechos de las personas homosexuales se ha topado con el muro infranqueable de Angela Merkel. La canciller alemana, además de declarar que el matrimonio igualitario no es una prioridad para su gobierno de coalición, ha manifestado en numerosas ocasiones que ella concibe el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Estas posturas inmovilistas por parte de los representantes políticos que frenan la eventual legislación del matrimonio igualitario serán los principales escollos a los que tendrán que enfrentarse en el futuro las asociaciones LGBT de Italia una vez se apruebe la ley Cirinnà. Tanto Angeli como J. se muestran optimistas y piensan que la unión civil acabará saliendo adelante. “Yo creo, y espero, que esta ley va a ser aprobada”, concluye Angeli. La aprobación de la ley Cirinnà no solo marcaría un antes y un después en la lucha por la igualdad de las personas homosexuales en Italia. La unión civil metería de cabeza al país transalpino en la lista de países del mundo con leyes que garantizan, en mayor o menor grado, los derechos de los gais y las lesbianas. Una lista de países que, con el mapa del mundo en la mano, conforman una dolorosa pero esperanzadora minoría, frente aquellas naciones que aún consideran la homosexualidad una práctica ilegal, y que llegan a condenarla desde con penas de cárcel, hasta con la pena de muerte.
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NOTA: Gracias a Marca por ayudarme siempre con los aspectos técnicos, y, sobre todo, por interesarse siempre en enseñarme para que vaya aprendiendo cada día un poco más
