El Ministerio del Interior, del que dependen las concesiones y revocaciones de la llamada «utilidad pública», ha retirado la declaración de utilidad pública a la organización ultracatólica HazteOir. Consideran que los mensajes que difunden, como por ejemplo aquellos que estaban cobardemente dirigidos a los niños y niñas trans, escritos en un tristemente famoso autobús naranja, «se pueden considerar atentatorios contra determinadas personas, colectivos y entidades, incompatibles con cualquier reconocimiento público», según ha informado la Cadena Ser.
Según considera el Ministerio, y ha hecho público en un documento que así lo explica es que «lo que resulta incompatible con la condición de utilidad pública, aunque esté amparado por las libertades ideológica y de expresión, es que una asociación que goza de este beneficio legal, más allá de sostener con sus actividades los fines estatutarios que fundamentan su existencia, realice actuaciones que, aunque no fuera ésta la intención, producen objetivamente el efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones sobre la familia, la identidad de género, la educación de la infancia, etc., cada vez más presentes en nuestra sociedad abierta, plural y diversa».
Este estatus había sido concedido por el gobierno del Partido Popular en 2013. Jorge Fernández Díaz, ministro de interior con el gobierno del Partido Popular, persona declaradamente ultracatólica y que contaba con un ángel de la Guardia llamado Marcelo quien le ayuda a aparcar el coche, era declaradamente cercano a esta organización. La declaración de utilidad pública es algo más que un reconocimiento nominal, puesto que con ello vienen implícitos beneficios fiscales para la asociación, pero también para aquellas personas que les donen dinero: las personas físicas pueden deducirse en la renta el 25% de la cantidad donada. En lo que respecta a las entidades, hay una rebaja del tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades del 10%, están exentos del Impuesto de actividades económicas, del IBI, de la plusvalía municipal, rebajas en el IVA, y están a su vez exentos del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En una sociedad democráctica, este tipo de mensajes que atentan directamente contra la dignidad de las personas, y en este caso contra la de un grupo doblemente vulnerable como son los y las niñas trans, no deberían tener cabida. Pero, al menos, que no cuenten con ventajas fiscales que les faciliten el trabajo. Contra la transfobia, educación.
Vía: Cadena Ser
