“Jannat dice que su vida está en peligro. Si las autoridades de Irán descubriesen que es lesbiana, podría ser asesinada”. Así comienza el relato, la historia real, que recoge el sitio web The Establishment sobre Jannat, una joven iraní que en 2012, con 25 años, huyó de su país natal, harta de intentar no ser gay, harta de las presiones de su padre para que se casase, y harta de salir y acostarse con hombres por temor a su vida.

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Fotograma de la película ‘Circumstance’ de 2011

Según The Establishment, Jannat fue a Turquía, a Ankara, “donde la cultura era un poco más tolerante”, donde no necesitaba llevar hiyab en público, podía beber si quería y flirtear abiertamente. Eso ocurrió en 2012, pero a pesar de la mayor libertad que sentía en Turquía, seguía estando demasiado cerca de Irán y seguía teniendo miedo. Aunque el informe anual de Amnistía Internacional del ejercicio 2015/2016 no menciona la persecución de las personas LGTBI en este país de Oriente Medio –un apartado que sí incluye en el estudio de otras naciones–, la orientación sexual y la identidad de género está perseguida hasta con la pena de muerte.

“Musaheqeh” se denomina en el código penal islámico de la República Islámica de Irán a la “actividad sexual entre mujeres por sus genitales”. La pena por el hadd –un tipo de crímenes previstos en el Corán– de musahegeh es de cien latigazos para cada una de las partes. Con la ley en su contra, Jannat pidió la solicitud de “estatus de refugiada” en Ankara, una solicitud que fue concedida porque entraba al menos en una de las categorías de los “motivos de persecución” de su país de origen: raza, religión, nacionalidad, afiliación política, y, la más etérea y en la que Jannat encajaba, “pertenencia a un grupo social particular”, una categoría ambigua en la que entran las personas homosexuales.

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El 3 de diciembre de 2013 Jannat aterrizó en Nueva York, donde el Centro de Servicio de Nacionalidades le asignó un nuevo hogar: sería en el estado de Philadelphia donde viviría a partir de entonces, y donde durante este tiempo ha tenido que pasar del miedo a la homofobia al miedo al racismo. “Me he medio acostumbrado. Pero se está poniendo cada vez peor. La gente es más maleducada conmigo que nunca por ser musulmana, así que no me atrevo a decir que también soy lesbiana”, dice en The Establishment.

Una especie de “don’t ask, don’t tell” que se refleja en las cifras globales: según la revista Migraciones Forzadas, en 2011 un total de 81.372 refugiados y solicitantes de asilo entraron a Estados Unidos, de los cuales unos 3.000 “podrían identificarse como LGBT”. Siendo un 3,8% de la población mundial homosexual, como apunta la publicación, las cifras no casan, y se debe a que muy pocos refugiados LGBT revelan su orientación sexual o identidad de género, aparte de aquellos a los que se les concede el estatus por la “pertenencia a un grupo social particular”.

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Y, en otras ocasiones, pedir una solicitud abiertamente por ser lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual cae en saco roto. En España, según el informe de 2015 de la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), uno de los obstáculos que se plantean para valorar las solicitudes de asilo por orientación sexual o identidad de género es el “requisito de discreción”, una práctica contraria a la Convención de Ginebra.

“A muchas personas LGBTI las autoridades españolas les están denegando su solicitud de asilo bajo el argumento de que la persona podría evitar la persecución y seguir viviendo en su país sin hacer pública su condición sexual, llevando una vida con discreción, manteniendo oculta su preferencia sexual o identidad de género”, denuncia la CEAR.

Algo diametralmente opuesto a lo establecido en la Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que se llamó “Solicitantes de asilo y refugiados que buscan protección debido a su orientación sexual e identidad de género”, en la que se consideró que “las personas LGBTI tienen derecho a todos los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. […]. Los Estados tienen el deber de proteger a los solicitantes de asilo y refugiados de violaciones de derechos humanos, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”.

Vía: The Establishment