No son pocas las ocasiones en las que la ley va por delante de lo que lo hace la sociedad. Abre camino y es después ella la que la alcanza. El reconocimiento del matrimonio igualitario en el año 2005 se realizó con un minúscula reforma del artículo 44 del Código Civil, pero fue mayúsculo el avance para nuestro colectivo en nuestro camino hacia la igualdad. La propuesta de ley contra la discriminación de gays, lesbianas y transexuales, que ha sido admitida a trámite esta semana en el Congreso, busca el mismo efecto.

Algunas Comunidades Autonómicas tienen ya leyes parecidas, pero si esta ley llegara a aprobarse, todo el colectivo gozaría del mismo amparo, derechos y garantías con independencia del lugar donde resida. Con esta norma, que podría considerarse innovadora y pionera, en relación con nuestro ordenamiento jurídico y con el de nuestros vecinos, se busca «superar la histórica invisibilidad y falta de reconocimiento de los derechos de este colectivo», por ello incluye iniciativas como la creación de un Centro de Memoria Histórica LGBI, el fomento de la investigación en este campo, la inclusión en los materiales didácticos y educativos de las diferentes orientaciones, identidades o familias o la creación de una biblioteca con fondo de libros LGBTI al que puedan acceder los estudiantes. Además conllevar la prohibición absoluta de las terapias de reconversión, con y sin consentimiento.

Es en relación con la transexualidad, donde el avance sería mayor. Ser trans dejaría de considerarse como una enfermedad y tener que pasar por un psicólogo ya no sería un trámite previo para poder acceder a los tratamientos de reasignación. Tratamientos a los que se podría acceder cualquier persona trans a partir de los 16 previo consentimiento informado.

En el ámbito sanitario, se crearía una Comisión Interministerial de Políticas LGBTI, adscritas al Ministerio de Salud, que coordinaría a las administraciones y unificaría la atención en las Comunidades Autónomas, y cualquier persona con capacidad de gestar podría acceder a las técnicas de reproducción asistida, con independencia de su orientación sexual.

A pesar de ser un texto a aplaudir en su conjunto, algunos puntos del clausulado no se libraron de controversia por ser contrarios a la Constitución. Se preveía la atribución de facultades a un órgano administrativo para retirar o borrar contenido de internet que considerase ofensivo para los LGBT, cuando el propio texto constitucional explicita que ha de hacerse siempre previa decisión judicial. De la misma manera también les concedía potestad para multar por expresiones que considerase de odio y discriminatorias, en vez dejar a un juez decidir si efectivamente lo son o, en cambio, se ven amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Tras las críticas, los artículos fueron modificados y, finalmente, no se incluyeron en el texto admitido a trámite.

La aprobación de esta ley supondría un gran paso para el colectivo, un paso que nos permitiría ir reduciendo paulatinamente la discriminación que sufrimos hasta poder equiparar la igualdad real con la legal.